COMUNICADO DE PRENSA

Nº 15/96

El día de hoy, 24 de julio de 1996, finaliza la visita que, por invitación del Presidente de México, realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de observar la situación de los derechos Humanos en este país. Participaron en la visita todos los miembros de la Comisión: Decano Claudio Grossman (Presidente), Embajador John S. Donaldson (Primer Vicepresidente), Dr. Carlos Ayala Corao (Segundo Vicepresidente), Dr. Oscar Luján Fappiano, Embajador Alvaro Tirado Mejía, Dr. Jean Joseph Exumé y Profesor Robert Kogod Goldman. La Comisión estuvo asistida por el Embajador Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo, Dr. Domingo E. Acevedo, Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. Osvaldo Kreimer, Abogado Especialista Principal y el Lic. Ibrahim García, Abogado Encargado de los Asuntos de México en la Comisión. La Comisión contó con el apoyo administrativo de las secretarias Sras. Rosario McIntyre, Martha Keller y Tania Hernández.

Durante la visita, la CIDH se entrevistó con el señor Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, y con altas autoridades del Gobierno Federal, incluyendo los Secretarios de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, Ministros de la Suprema Corte de Justicia, representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Federal Electoral (IFE), y del Tribunal Federal Electoral y de los Estados de Chiapas, Guerrero y Baja California, dignatarios eclesiásticos, dirigentes políticos, empresarios, representantes de medios de comunicación social, y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

Como es habitual en estas visitas, la Comisión recibió quejas de quienes alegaron, directamente o a través de sus representantes, que sus derechos humanos habían sido violados.

Durante el curso de su visita la CIDH desarrolló su programa de trabajo en México, D.F., y en los Estados de Chiapas, Guerrero y Baja California adonde se trasladó para reunirse con autoridades de dichos Estados y con representantes de la sociedad civil.

La CIDH desea destacar que tuvo amplia libertad para reunirse con quien quisiera, así como para desplazarse a cualquier lugar del territorio que estimara conveniente. El Gobierno de México permitió a la CIDH la realización de su programa, y le extendió en todos los ámbitos la más plena y completa asistencia y cooperación.

El vasto programa de entrevistas y visitas realizado permitió a los más diversos sectores de la vida social y política compartir con la CIDH sus visiones sobre la situación de los derechos humanos en México. Además, esta primera visita le ha permitido a la Comisión profundizar su relación con el Estado y la sociedad civil, para continuar trabajando juntos en la tarea permanente de protección y promoción de los derechos humanos.

El programa efectuado por la CIDH permitió obtener una apreciación, por ahora, necesariamente preliminar y provisional. La compleja información recibida requerirá un análisis más detallado en la reunión ordinaria que la Comisión celebrará en el mes de octubre del presente año, con el objeto de elaborar un informe especial sobre México.

Es importante destacar que, al recibir y tramitar quejas de personas que alegan violaciones a los derechos humanos, la CIDH desempeña funciones cuasi-judiciales. En tales casos, la CIDH se abstiene de efectuar pronunciamientos específicos que prejuzguen sobre el fondo de los casos sometidos a su consideración.

Sin perjuicio de lo anterior, en este momento la Comisión adelanta las siguientes consideraciones:

A todos los niveles, tanto federales como estatales y locales, en los medios de comunicación y en la sociedad civil en general, la CIDH ha constatado la existencia de un amplio debate sobre el tema de los derechos humanos. La CIDH valora positivamente la presencia de los derechos humanos en la agenda de la sociedad mexicana, dada su importancia para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho.

El debate sobre los derechos humanos, así como importantes pasos tomados por el Presidente Zedillo, se han traducido en acciones y desarrollos tanto institucionales como no estatales en favor de la promoción y protección de los derechos humanos.

La invitación del Gobierno del Presidente Zedillo para que la CIDH visite México por primera vez en los 37 años de su existencia, es un evento histórico que revela la importancia que atribuye el Presidente a los derechos humanos. Al mismo tiempo, es una muestra valiosa de la actitud de apertura del Gobierno al diálogo, a la cooperación y a la crítica con la comunidad internacional. En la invitación vemos también una confirmación del valor universal de los derechos humanos en el marco de obligaciones internacionales libremente asumidas.

En el orden interno, la CIDH aprecia el proceso de desarrollo de instituciones y normas dirigidas a promover y proteger los derechos humanos. La CIDH ha observado el trabajo valioso que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CIDH encuentra muy significativo que más del 60% de las recomendaciones de dicha Comisión sean cumplidas y que haya un debate público de las mismas. La CIDH llama a las Comisiones estatales a inspirarse en el ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a desarrollar plenamente sus funciones.

La CIDH valora la existencia de un debate dirigido a fortalecer la autonomía de las Comisiones de Derechos Humanos tanto nacional como distrital y estatales, a ampliar sus competencias y a alcanzar el cumplimiento pleno de sus recomendaciones. La CIDH ha tomado conocimiento de la iniciativa presidencial para elevar la autonomía constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las importantes reformas que se han llevado a cabo en el Poder Judicial son reconocidas por la CIDH, particularmente en relación a la administración judicial, la profesionalización de los jueces, el sistema de nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los demás jueces, y el establecimiento de la acción de inconstitucionalidad contra leyes. Asimismo pudo constatar que en la agenda de las próximas reformas se han incluido temas importantes para el perfeccionamiento institucional, como es el caso de inclusión de todos los órganos jurisdiccionales en el Poder Judicial, y el control de la constitucionalidad de las leyes electorales federales y estatales. Por la importancia de estos temas para la vigencia del Estado de Derecho, la CIDH continuará observando con interés su desarrollo.

La CIDH aprecia el proceso de fortalecimiento de instituciones federales destinadas a perfeccionar el sistema electoral y el libre ejercicio del derecho de sufragio. En este sentido, la CIDH ha conocido de los desarrollos positivos que se han logrado en el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral.

En el proceso de alcance de un marco jurídico que garantice plenamente el derecho a votar y a ser elegido, la CIDH aprecia también el debate que existe hoy en México sobre iniciativas dirigidas a fortalecer la independencia y autonomía de los órganos electorales, lograr condiciones equitativas para todos en los procesos electorales, y sujetar las elecciones estatales a principios y normas similares a las que deben imperar en el marco federal. La CIDH continuará dando gran importancia al desarrollo de este proceso --sobre el cual se ha referido en informes específicos desde 1986-- dirigido a la plena realización, en México, del derecho a la participación política, establecido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH se ha visto impresionada por la existencia de una rica, multifacética y diversa sociedad civil, expresada en múltiples organizaciones no gubernamentales en las más diversas áreas del quehacer nacional. La existencia de dichas organizaciones y su posibilidad de operar libremente en el marco legal de sociedades democráticas, de acuerdo con el artículo 16 de la Convención Americana, es hoy en día universalmente reconocida como una manifestación de la democracia, que por definición no se agota en estructuras estatales o actos eleccionarios. Sin perjuicio de las diferencias obvias que deben existir entre instituciones y organizaciones de distinta índole que cumplen papeles diferentes, la CIDH considera muy útil el diálogo permanente y franco entre dichas organizaciones y las instituciones del Estado, en aras del elevado objetivo común de la promoción y protección de los derechos humanos.

La Comisión desea destacar que los Estados Federales, al ratificar la Convención Americana asumen, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de esa Convención, la obligación de adecuar su derecho interno a lo dispuesto en la Convención Americana. En particular se comprometen a brindar, en aplicación del debido proceso legal, remedios eficaces para identificar y sancionar a los agentes del Estado que resulten responsables de violaciones de derechos humanos, y a reparar en forma adecuada y efectiva a las víctimas de esas violaciones. Estos requisitos son indispensables para la reafirmación del Estado de Derecho en una sociedad democrática.

Para la CIDH, las aspiraciones de los ciudadanos a vivir en un ambiente de seguridad son absolutamente justificadas. El fortalecimiento del Estado de Derecho, que incluye fuerzas policiales eficientes, profesionales, modernas sin parcialización alguna, y que actúen dando cumplimiento a las normas legales, es esencial.

Durante su visita en México, la CIDH recibió información sobre la existencia de una gran desconfianza hacia la policía y recibió quejas sobre su ineficacia, corrupción, aprehensiones arbitrarias y torturas.

La CIDH da la mayor importancia a los reclamos que ha recibido sobre la tortura en México. Sobre la base de su rica experiencia continental, la CIDH desea señalar que en el combate permanente contra el flagelo de la tortura, es esencial que los tribunales no den ningún valor probatorio a confesiones extraídas bajo tortura, y que sancionen penalmente a los culpables. La CIDH tiene conocimiento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha efectuado numerosas recomendaciones en casos de tortura, de las cuales sólo algunas han sido cumplidas. La CIDH investigará las quejas que le han sido formuladas en esta materia.

La CIDH desea señalar que la desconfianza en contra de la policía, de no superarse con medidas eficaces, incide negativamente sobre el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos en cuanto estimula la idea errada que sólo con medidas extralegales se podrá obtener la seguridad a que aspiran los ciudadanos. La CIDH estima, sobre la base de su experiencia, que el logro de la seguridad ciudadana que se desea --y a que se tiene derecho-- no se alcanzará, sin embargo, de otra manera que fortaleciendo el Estado de Derecho.

La Comisión considera que el rechazo a los actos de arbitrariedad, y la sanción para quienes los cometan, es una cuestión ineludible para fortalecer el Estado de Derecho. La CIDH, con base en información recibida, pudo percibir que la impunidad constituye aún un problema grave a pesar que en algunos casos se ha procesado y separado de sus cargos a algunos funcionarios que han violado los derechos humanos. Los asesinatos de Monseñor Posadas, Luis Donaldo Colosio y Ruiz Massieu, que han impactado a la opinión pública nacional e internacional, continúan sin ser plenamente esclarecidos. La CIDH seguirá insistiendo en la importancia esencial del combate contra la impunidad como requisito indispensable de la seguridad ciudadana, y como obligación internacionalmente reconocida bajo el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH recibió información relativa a la lentitud, ineficiencia y parcialidad con que ejercen sus funciones los funcionarios de los tribunales y de los ministerios públicos. El monopolio del ejercicio de la acción penal que tiene asignado el Ministerio Público en México exige la conformación de una institución independiente y autónoma, profesionalizada, eficiente e imparcial. La obligatoriedad de las normas de debido proceso se encuentran establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin perjuicio de la continua observancia que la Comisión otorgará a este tema, la CIDH desea hacer referencia a dos situaciones específicas.

La CIDH pudo verificar el esfuerzo demostrado por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, quien está desarrollando un interesante programa de educación y depuración policial. Al mismo tiempo pudo verificar su disposición a otorgar protección a quienes fueran objeto de amenazas a su vida. La CIDH considera este un ejemplo valioso a seguir, sin desconocer las dificultades inherentes en problemas que se vienen arrastrando por largo tiempo.

Con referencia a la grave situación ocurrida en el Estado de Guerrero donde, como es conocido, 17 personas fueron asesinadas, debe observarse que este caso se haya en trámite ante la Comisión por alegación de violaciones que incluyen, entre otras, la falta de ejercicio de acciones penales. La Comisión toma nota que a pesar que tanto el Presidente Zedillo como la Suprema Corte de Justicia han manifestado la necesidad de llevar a cabo una investigación completa sobre este caso, fue informada que la responsabilidades legales y el encubrimiento que se alega no han sido completamente establecidos aún.

En relación a los casos en que el Ministerio Público se abstiene de ejercer acciones penales, la CIDH ha podido verificar una situación de incertidumbre jurídica sobre la utilización del artículo 21 de la Constitución para ejercer un recurso jurisdiccional que permita controlar dicha inacción. Para el establecimiento de responsabilidades efectivas, es esencial que haya claridad sobre el alcance del artículo 21 de la Constitución y la posibilidad de su aplicación efectiva en la práctica.

Esta situación tiene importancia adicional, ya que la CIDH recibió numerosas denuncias de actos de intimidación a dirigentes sociales y de organizaciones no gubernamentales que, de acuerdo a los denunciantes, no han sido investigados. La CIDH otorga a este asunto gran importancia e investigará dichas quejas.

Durante su estadía la CIDH se entrevistó con numerosos organismos no gubernamentales que se ocupan de los derechos de las mujeres, tomando conocimiento de sus planteamientos sobre violaciones a los mismos, en particular la existencia de violencia doméstica y la necesidad de alcanzar una igualdad efectiva. La CIDH continuará dando gran importancia a este tema a través de su relatoría sobre derechos de la mujer en el continente y mediante el sistema de quejas individuales.

La CIDH consideró especialmente la situación de millones de mexicanos miembros de pueblos indígenas, con su diversidad de culturas, problemáticas y aspiraciones. Mantuvo entrevistas con numerosas delegaciones --incluyendo delegaciones de diferentes etnias de los Estados de Oaxaca y Chiapas-- en las que los temas dominantes fueron la dignidad, el respeto a sus culturas y autonomías, y la igualdad de acceso a posibilidades económicas y de toda índole, así como las referentes a la propiedad y tenencia de la tierra.

Al respecto la CIDH fue informada que en base a los acuerdos logrados en las negociaciones de paz en Chiapas, una comisión especial conjunta de los Poderes Legislativo y Ejecutivo está preparando una propuesta de reforma constitucional y legal que establecerá las bases para una valorización cultural y para incrementar las condiciones de autonomía y dignidad de los pueblos indígenas mexicanos. La Comisión espera la pronta culminación de esas reformas constitucionales y legales.

La CIDH, a su vez, ha elaborado un anteproyecto de Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que ha sometido a consulta hemisférica.

En el programa que cumplió en Chiapas, la CIDH comprobó la profunda aspiración a la paz y a la realización de los derechos humanos que comparten los más diversos sectores en dicho Estado. La CIDH valora que se haya privilegiado la negociación por sobre soluciones basadas en la fuerza. La CIDH expresa su satisfacción porque el actual proceso de diálogo continúe dentro del marco institucional, y que las recomendaciones, compromisos y pronunciamientos sean ejecutados e implementados debidamente a través de mecanismos apropiados e instituciones competentes.

En Chiapas la CIDH recibió numerosas denuncias acerca de la existencia de sectores que, opuestos a las negociaciones de paz, buscan hacerlas fracasar recurriendo al financiamiento y estímulo de conflictos violentos y de "guardias blancas". La CIDH expresa su preocupación en esta materia y espera que un resultado oportuno de las negociaciones establezca un clima en el que se impida definitivamente el accionar de tales sectores, sin perjuicio de que se adopten inmediatamente medidas efectivas en su contra.

La CIDH investigará las denuncias recibidas en Chiapas sobre intimidaciones, desalojo, homicidios, secuestros y otras violaciones graves que se le presentaron. La CIDH desea destacar que estas denuncias se refieren sobre todo a actos de violencia que en la inmensa mayoría de los casos afectan a poblaciones indígenas y a menudo se refieren a controversias sobre tenencia de tierras.

Por último, la CIDH quiere hacer referencia a un asunto específico en Chiapas. La Comisión pudo verificar directamente que sin perjuicio de los avances que se han obtenido en cuanto a la tolerancia religiosa en dicho Estado, aún existen niños excluidos del derecho a educarse, motivados por supuestas razones de intolerancia religiosa.

En su visita a Guerrero, la Comisión fue informada, por el Gobernador y por otras autoridades del Estado sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas y otras en curso de serlo, con el objeto de mejorar la situación de los derechos humanos en ese Estado.

Representantes de la sociedad civil del Estado de Guerrero presentaron numerosas denuncias a la Comisión sobre la utilización de la tortura como método de investigación policial, detención ilegal, falsas acusaciones y sobre la actuación de grupos armados que con frecuencia cometen agresiones arbitrarias en contra de campesinos. En este sentido, la Comisión recibió además quejas sobre la inseguridad en que vive mucha gente debido a que, a menudo, los propios encargados de garantizar el orden público son vistos como responsables de atropellos y excesos, sin que se ejerzan las acciones del caso en su contra. En muchas de las quejas presentadas a la CIDH sobre torturas, se ha señalado que las víctimas han sido arrestadas sin orden de aprehensión emitida por autoridad competente. La CIDH investigará estas quejas.

La CIDH conoció también de situaciones denunciadas sobre funciones policiales ejercidas por las Fuerzas Armadas. En este sentido, la CIDH --sobre la base de su experiencia-- desea llamar la atención de las consecuencias de la utilización de las Fuerzas Armadas en funciones que atañen a la seguridad ciudadana, pues la misma puede acarrear serias violaciones a los derechos humanos, en virtud de la naturaleza militar y entrenamiento de dichas Fuerzas.

En la ciudad de Tijuana la Comisión recorrió una franja de la frontera norte de México donde observó varios grupos de personas que esperaban cruzar la misma.

Los miembros de la CIDH asistieron a un Seminario sobre "Migración y Derechos Humanos" que se realizó en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. El mencionado seminario aportó a la Comisión un material muy valioso que será utilizado en un informe que elaborará sobre los trabajadores migrantes en el continente. En el curso del mismo, la Comisión fue informada sobre las violaciones a derechos humanos que se cometen en contra de la población migrante desde sus lugares de origen.

En este sentido la Comisión desea destacar la labor efectiva y humanitaria que lleva a cabo el Grupo Beta con el objeto de proteger a la población migrante en contra de los abusos y atropellos a que está expuesta dicha población por parte de distintos grupos de delincuentes.

Por último, la Comisión se reunió con representantes de organismos no gubernamentales y con otros grupos representativos de la sociedad civil en esa ciudad, quienes entregaron información adicional sobre temas generales de derechos humanos.

Al concluir su visita, la CIDH desea manifestar que ha percibido una gran voluntad en los más diversos sectores de la vida nacional de continuar avanzando en la tarea de la promoción y protección de los derechos humanos. Igualmente ha constatado que para ello no hay otro camino que el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos.

La Comisión desea expresar su agradecimiento al Gobierno de México, a su Presidente, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades federales y estatales por la hospitalidad, facilidades y colaboración que brindaron a la CIDH para la realización y éxito de esta visita, así como a las organizaciones no gubernamentales y a los particulares que en forma franca y transparente contribuyeron con sus valiosos testimonios y documentación al eficaz cumplimiento de su misión durante la visita.

La Comisión desea agradecer asimismo el interés de los medios de comunicación en la cobertura de esta visita.

De acuerdo con las funciones que le atribuyen la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos jurídicos internacionales aplicables, la Comisión realizará una labor de seguimiento de la situación de los derechos humanos en México y reitera su deseo de colaboración con las autoridades mexicanas dentro del marco de su competencia, a fin de contribuir al fortalecimiento de los mecanismos internos e internacionales para la defensa y protección de los derechos fundamentaIes dentro del marco del Estado de Derecho.

México, D.F., 24 de julio de 1996

ANEXO

En la ciudad de México la CIDH se reunió con el Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León; con el Secretario de Relaciones Exteriores, Lic. José Angel Gurría; con el Secretario de la Defensa Nacional, General de División D.E.M. Enrique Cervantes; con el Secretario de Gobernación, Lic. Emilio Chuayffet Chemor; con miembros de la Suprema Corte de Justicia, con el Procurador General de la República, Lic. Alfonso Lozano Gracia; con el Procurador General del Distrito General, Lic. José Antonio González Fernández; con el Secretario General del Consejo del Instituto Federal Electoral (IFE), Lic. Agustín Ricoy Saldaña; con el Presidente del Tribunal Federal Electoral, Lic. José Fernández Franco González Salas y con magistrados de este tribunal, con los miembros de la Comisión Nacional de Concordia y Pacificación (COCOPA) y las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; con el Presidente del Partido de Acción Nacional (PAN), Lic. Felipe Calderón Hinojosa; con el Presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Lic. Porfirio Muñoz Ledo; con el Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lic. Santiago Oñate y con representantes de organismos no gubernamentales y otros grupos y personas representativas de la sociedad civil. La Comisión recibió a representantes de Mazatecas, Mixteco, Chapines, Mijes, Zapoteca y otras etnias del Estado de Oaxaca, acompañadas del Senador Héctor Sánchez López.

En su estadía en el Estado de Chiapas, la Comisión tuvo oportunidad de dialogar y escuchar a distintas autoridades de ese Estado y organizaciones de la sociedad civil. Se entrevistó con el Gobernador, Lic. Julio César Ruíz Ferro; con el Secretario de Gobernación, Lic. Eraclio Zepeda Ramos; con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lic. Noé Catañon León; con el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Lic. Juan Carlos Bonifaz Trujillo e integrantes de la misma y de la Comisión de Derechos Humanos de ese Parlamento; con el Procurador General de Justicia del Estado, Lic. Jorge E. Hernández Aguilar y sus colaboradores inmediatos; y con el Comandante de la VII Región Militar, General Mario Renán Castillo Fernández y su plana mayor.

También la Comisión se reunió con los obispos de Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal de las Casas; con representantes de las iglesias evangélicas y con numerosas organizaciones de derechos humanos nucleadas por el Centro "Fray Bartolomé de las Casas" y por la Red de Organizaciones de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos"; y de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas. Tuvo también entrevistas con los presidentes de las principales cámaras y asociaciones empresarias, patronales, de profesionistas, comerciantes, transportistas y productores rurales. Igualmente mantuvo reuniones con el Presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), Monseñor Samuel Ruíz García. Asimismo tuvo la oportunidad de dialogar con distintos sectores indígenas, entre ellos los representantes de la Asociación de Reconciliación ARICO, y de la Unión de Uniones. Asimismo, fue recibido por representantes y líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en su sede en el Municipio de San Andrés de Larrainzar.

El grupo de la Comisión que se trasladó al Estado de Guerrero se reunió con el Gobernador de ese Estado, Lic. Angel H. Aguirre Rivero; con el Procurador de Justicia de ese Estado, Lic. Antonio Hernández Díaz; con el Coordinador del Congreso del Estado, Lic. Zótico García Pastrana; con el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, de Guerrero, Lic. Juan Alarcón Hernández y otros miembros de la Comisión, y con el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado.

El grupo de la Comisión se reunió asimismo con representantes y voceros de organismos no gubernamentales, y con las viudas y familiares de quienes perdieron la vida en la masacre ocurrida en el Vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995.

El grupo visitó además el Reclusorio de Acapulco en donde se entrevistó con detenidos, respecto a los cuales la Comisión recibió denuncias en el sentido que habían sido objeto de torturas por parte de efectivos de los Servicios de Seguridad (Ejército) que los detuvo.

En la ciudad de Tijuana la Comisión cumplió las siguientes actividades: el día 21 de julio durante la noche recorrió una franja de la frontera norte de México donde observó varios grupos de personas que esperaban cruzar al territorio de los Estados Unidos como indocumentados en busca de trabajo o, en algunos casos, para reunirse con sus familiares.

El día 22 de junio los miembros de la CIDH participaron en un Seminario sobre "Migración y Derechos Humanos" que se realizó en el Colegio de la Frontera Norte, y posteriormente se reunió con representantes de organismos no gubernamentales y con otros grupos representativos de la sociedad civil en esa ciudad.